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Extracto:El abogado general del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) dijo el martes que el índice de precios hipotecarios (IRPH) español no debería ser excluido del ámbito de aplicación de las directivas de la UE y podría ser considerado
MADRID (Reuters) - El abogado general del Tribunal de Justicia Europeo (TJUE) dijo el martes que el índice de precios hipotecarios (IRPH) español no debería ser excluido del ámbito de aplicación de las directivas de la UE y podría ser considerado abusivo, lo que tendría un importante impacto en los bancos españoles que lo utilizaban.
Las acciones de los bancos españoles caían el martes tras la publicación de la opinión del asesor, con descensos de alrededor del 3% en Caixabank y Bankia.
Un dictamen desfavorable del tribunal podría suponer un coste de miles de millones de euros para el sector bancario español.
“El abogado básicamente está allanando el camino para reconocer que el IRPH podría ser considerado abusivo”, dijo un portavoz del tribunal del TJUE después de que se publicaran las conclusiones del abogado.
Las conclusiones del abogado general no son vinculantes, pero a menudo coinciden con el fallo del tribunal.
Al analizar el nivel de transparencia de las cláusulas contractuales del IRPH, el abogado dijo que utilizaba una “fórmula de cálculo matemático (...) compleja y poco transparente para un consumidor medio”.
Se vendieron cientos de miles de hipotecas fijadas con este tipo, sobre todo en 2007 y 2008, pero tendían a ser más altas que el Euribor y no cayeron tanto cuando el Banco Central Europeo redujo el coste de los préstamos.
El Gobierno español eliminó el índice en 2013 diciendo que era injusto, lo que llevó a los clientes a llevar a los bancos a los tribunales para exigir una indemnización.
Los tribunales españoles han rechazado estos recursos, pero se presentó ante el Tribunal de Justicia Europeo una consulta prejudicial centrada en la supuesta falta de transparencia en la venta de hipotecas con esta cláusula.
Una sentencia adversa para los bancos españoles podría llevar a las entidades a tener que pagar indemnizaciones, lo que afectaría a sus resultados en un momento en que se enfrentan a unos tipos de interés bajos.
El fallo se prevé para finales de este año o principios de 2020.
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